Guía para participar en Licitaciones Públicas en España

En 2025, como en años anteriores, las licitaciones públicas en España constituyen uno de los motores más dinámicos para la recuperación económica y la modernización de infraestructuras y servicios. El gasto público destinado a contratación ha aumentado un 33,7% en la primera mitad del año, y hemos alcanzado los 87.298 millones de euros, según datos oficiales. Y sí, está claro que este auge beneficia a los ciudadanos, pero también abre un amplio abanico de oportunidades para empresas que quieran posicionarse como proveedoras estratégicas y de confianza para las administraciones públicas. Sí, posiblemente se entreguen a dedo, pero al menos intentémoslo haciendo las cosas bien. Como se debe hacer. 

Y para lograrlo, la transformación digital y la sostenibilidad son el ejemplo a seguir. Están marcando el rumbo de las licitaciones públicas, con una fuerte apuesta por la innovación tecnológica, la eficiencia y el respeto al medio ambiente. Momento en el que el uso de certificados digitales, especialmente el certificado de representante legal como el que te vendemos en Camerfirma, se ha convertido en un requisito indispensable para acceder a estos procesos, firmar documentos con validez legal y optimizar la gestión de los trámites online. Dicho esto, ¿tu empresa ya tiene el suyo?

Qué son las licitaciones públicas y por qué son tan importantes

España gestiona más de 19.000 millones de euros anuales en contratación pública, lo que representa cerca del 13% del PIB, y las licitaciones públicas son el modo con el que seleccionar el proveedor más adecuado para realizar obras, servicios o suministros de interés general.

Pero, ¿qué son exactamente? Son procesos administrativos organizados por entidades del sector público (ayuntamientos, comunidades autónomas, administración estatal y organismos dependientes), y como decíamos hace un momento, su función es dar con la empresa idónea para llevar a cabo los proyectos con la mejor relación calidad-precio. Estos procedimientos se guían (o deberían, hacerlo) por principios de publicidad, concurrencia, transparencia e igualdad de trato, para garantizar así que todos los operadores económicos tengan acceso en condiciones equitativas conforme a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP).

Participar en licitaciones públicas da la oportunidad de:

• Acceder a importantes oportunidades de negocio.
• Optimizar sus recursos.
• Posicionarse como empresa de confianza para la administración.

Eso sí, la digitalización le ha dado la vuelta, como si fuera un calcetín al proceso y acceso a licitaciones públicas: desde la publicación hasta la presentación de ofertas y el intercambio documental, todo el proceso exige herramientas de certificación electrónica. La obtención de un certificado de representante legal es ahora un requerimiento esencial para poder presentar ofertas y firmar contratos.

Tipos de licitaciones públicas

Actualmente, en el marco legal español existen diversos tipos de licitaciones públicas, que varían según el objeto y el régimen jurídico aplicado.

Las principales modalidades son:

• Contratos de obras: construcción y mantenimiento de infraestructuras públicas.
• Contratos de concesión (obras/servicios): la administración concede a una empresa la gestión o explotación de servicios u obras durante un tiempo determinado.
• Contratos de suministro: adquisición de productos, materiales o bienes.
• Contratos de servicios: prestación de servicios especializados o generales.
• Contratos mixtos: combinación de dos o más tipos contractuales.

Y, por si te lo preguntabas, sí, en todos los casos, es obligatorio el uso de certificados digitales, tanto para acceder al procedimiento como para la posterior firma digital de documentos legales.

Requisitos para licitaciones públicas

La Ley 9/2017 exige requisitos claros para participar:

• Capacidad de obrar y solvencia técnica/económica.
• Ausencia de prohibiciones legales para contratar (por ejemplo, estar al día en obligaciones fiscales y laborales).
• Demostrar la capacidad de cumplir con el objeto contractual.
• Disponer del certificado de representante legal para trámites electrónicos y presentación de ofertas.

Principios clave:

• Libre concurrencia.

Garantiza que cualquier operador económico que cumpla con los requisitos establecidos puede participar en el proceso de licitación, promoviendo así una competencia efectiva. Es decir, todas las empresas interesadas deben tener la misma posibilidad de presentar su oferta, sin restricciones injustificadas. La libertad de acceso fomenta la igualdad de oportunidades y evita favoritismos en la adjudicación de contratos públicos (o eso dicen). 

• Igualdad de trato. 

Todas las empresas participantes deben recibir el mismo trato en igualdad de condiciones, sin discriminaciones por motivos de tamaño, origen o experiencia. La igualdad de trato está protegida por normas que impiden privilegios o ventajas improcedentes para ciertos licitadores.

• Transparencia y publicidad.

La ley exige que todos los procedimientos de contratación se hagan de forma clara y accesible, para garantizar que toda la información relevante esté disponible para los participantes. La publicación de los pliegos, anuncios y decisiones en plataformas oficiales permite a todos los interesados conocer las condiciones y fechas tope, para evitar la arbitrariedad y favorecer la libre competencia.

• Proporcionalidad y confidencialidad.

¿Qué implica la proporcionalidad? Pues que los requisitos y condiciones establecidas en la licitación sean adecuados y no excesivos en relación con el objeto del contrato, para evitar cargas desproporcionadas. La confidencialidad, por otro lado, se encarga de asegurar que la información sensible o privilegiada durante el proceso sea protegida, manteniendo la igualdad de oportunidades y la integridad del procedimiento. 

Todo esto se hace para prevenir prácticas como el uso de información privilegiada o manipulación del proceso y, de ahí la importancia del uso de firmas electrónicas cualificadas, ya que a día de hoy, más del 93% de las licitaciones en España ya la exigen.

Cómo funciona una licitación pública

El proceso de licitación pública está estrictamente regulado por la Ley 9/2017:

• Publicación de los anuncios y documentación por medios electrónicos.
• Plazo de presentación y evaluación de ofertas, transparencia en los criterios de adjudicación.
• Necesidad de demostrar aptitud y solvencia, con todos los trámites realizados digitalmente.
• Uso obligatorio del certificado para licitaciones públicas y firma electrónica en todas las etapas.

Y dentro de las licitaciones públicas, hay alternativas y variantes de procedimientos: abierto, restringido, negociado y competitivo. 

Cuál es la diferencia entre un concurso público y una licitación pública

Ambos conceptos se regulan mediante la Ley 9/2017 y buscan adjudicar contratos al mejor licitador. Sin embargo, existen matices:

A grandes trazos, mientras que en una licitación abierta el precio y la calidad se ponderan conjuntamente, en un concurso el foco se pone en la calidad y características técnicas de la propuesta, lo cual requiere una evaluación más compleja y cualitativa para escoger la mejor solución.

Dónde se publican las licitaciones públicas en España

Pues al igual que las ofertas de trabajo se anuncian en Infojobs, Indeed, LinkedIn o Infoempleo, las licitaciones públicas se publican obligatoriamente en plataformas oficiales, para favorecer el acceso universal y la transparencia en las oportunidades de contratación. 

Las principales fuentes son:

• Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP): El portal más utilizado y referencia estatal para consultar todas las licitaciones vigentes, tanto de organismos estatales como autonómicos.
• Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): Para contratos sujetos a regulación armonizada, especialmente en importes altos o de relevancia internacional.
• Boletines oficiales autonómicos y provinciales: Para licitaciones promovidas por administraciones regionales o localidades específicas.

Aunque ya te advertimos que la inmensa mayoría de procesos requieren identificarte digitalmente como empresa mediante un certificado de representante legal antes de poder consultar detalles o presentar oferta digitalmente.

Qué documentación necesitas para sacar una licitación pública

La documentación exigida por la administración está regulada en los pliegos, pero existen elementos recurrentes:

• Certificado de representante legal (imprescindible para fases telemáticas).
• Documento acreditativo de solvencia técnica y económica.
• Declaración responsable (DEUC) de cumplimiento de requisitos legales.
• Escrituras de constitución, poderes de representación y CIF.
• Certificados de estar al corriente de obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.
• Propuesta técnica y económica ajustada al objeto contractual.
• Pliego administrativo y pliego de prescripciones técnicas.

Si ya has presentado últimamente, sabrás que la ejecución y presentación de todos estos documentos se realiza por vía digital. Y si no, toma nota. Porque en 2024, el 95% de los expedientes de licitación contaron con tramitación 100% telemática gracias a los certificados digitales empresariales. Certificados de los que somos el mayor referente en España.

Pasos generales para conseguir una licitación pública

Lo mismo que para bailar bachata hay que saberse los pasos (1, 2, 3, patica), antes de meterse de lleno en una licitación, es fundamental conocer el proceso secuencial. Conseguir adjudicarse una exige estrategia y rigor en cada etapa. El proceso aunque puede variar ligeramente en función del objeto o del tipo de administración, sigue estos pasos esenciales que te dejamos a continuación.

1. Busca

La búsqueda de oportunidades comienza en portales de contratación oficiales, donde se filtra por sector, importe, ubicación y vigencia. Es de primero de licitación saber leer correctamente los pliegos para identificar la viabilidad y competencia técnica-legal de tu empresa. Por favor, presta atención. Asegúrate de entenderlo todo ya que es fácil perderse entre tanto legajo.

2. Comprueba tu solvencia y los requisitos

No basta con tener interés, hay que demostrar que la empresa cumple con todos los requisitos para licitar, como solvencia técnica, económica y legal. ¿Qué incluye esto? Pues la ausencia de prohibiciones para contratar, capacidad de obrar y estar al día con las obligaciones fiscales. ¿Lo tienes todo? Estupendo, puedes continuar. 

3. Prepara documentación

En esta fase, se recopilan y digitalizan todos los documentos exigidos en los pliegos:

• Certificados de solvencia, como por ejemplo un certificado bancario que demuestre la capacidad financiera para asumir el contrato o certificados de buena ejecución de proyectos previos solicitados por la administración.
• Declaraciones responsables (la Declaración Responsable Única Europea, DEUC,  que acredita que la empresa no tiene deudas con Hacienda ni con la Seguridad Social).
• Certificado de representante legal, como nuestro certificado que te permite firmar electrónicamente ofertas en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
• Propuesta técnica y económica, véase un plan detallado de ejecución de servicios de mantenimiento con desglose de actividades y presupuesto desglosado.

4. Consigue certificado digital

La obtención del certificado digital de representante legal es obligatoria para cualquier trámite y firma documental en las plataformas públicas. Asúmelo. Lo bueno es que estás en el sitio adecuado, porque Camerfirma somos el proveedor líder en la emisión de certificados para licitaciones públicas, con la máxima compatibilidad con los sistemas administrativos.

5. Presenta oferta

Se formaliza la propuesta en plazo, ajustada a los requisitos de la administración, firmada electrónicamente y presentada por medios telemáticos.

¿Qué más deberías tener en cuenta?

• El DEUC simplifica la presentación inicial, pero la acreditación de solvencia sigue siendo crítica.
• La mayoría de rechazos se producen por errores en la documentación, falta de firma válida o incumplimiento de requisitos de aptitud.
• El plazo medio para preparar la documentación oscila entre 5 y 20 días hábiles, según tamaño y complejidad de la licitación.
• La obtención de certificado digital suele resolverse en menos de 72 horas si la empresa dispone de poderes actualizados.
• En concursos públicos la valoración técnica puede representar el 60%-80% de la nota final, mientras que en licitaciones abiertas el precio tiene mayor peso.
• El cumplimiento de criterios sociales y ambientales afecta la adjudicación en más del 45% de los procesos de 2025.
• Las licitaciones para servicios TIC, mantenimiento y suministros son las que más han crecido en el último año.

Cómo obtener un certificado digital para licitaciones

El título del apartado iba a terminar “con Camerfirma”, pero se nos quedaba largo. Y sí, no es porque lo digamos nosotros, pero somos tu mejor opción, ya que la correcta obtención del certificado digital de representante legal para licitaciones públicas es decisiva, ya que valida la identidad de la empresa y su apoderado ante la administración. 

Como venimos comentando a lo largo del artículo, la Ley 9/2017 exige que todas las transacciones administrativas electrónicas, incluidas las ofertas de licitaciones públicas, estén firmadas digitalmente mediante un certificado cualificado emitido por prestador acreditado. 

En Camerfirma, además del certificado de representante legal, disponemos de otros tantos modelos. 

Proceso de obtención

• Solicitud online en la web de Camerfirma. 
• Validación documental y acreditación de poderes de representación.
• Verificación presencial o remota de identidad conforme a normativa nacional y europea.
• Emisión y activación del certificado digital cualificado.

El certificado puede instalarse en tarjeta criptográfica o dispositivo seguro, y está avalado bajo el marco del Reglamento europeo eIDAS (Reglamento UE 910/2014) que garantiza la interoperabilidad y reconocimiento mutuo de certificados digitales en la Unión Europea.

¿Cómo saber si mi empresa cumple con los requisitos para participar en licitaciones públicas?

Como ya hemos visto, para participar en licitaciones públicas, la empresa debe demostrar varias condiciones. 

A) Personalidad jurídica y capacidad de obrar

La empresa debe estar legalmente constituida, registrada y con capacidad para ejercer sus derechos y cumplir obligaciones. Esto significa que debe estar inscrita en el registro mercantil y tener facultades legales para actuar como licitadora.

B) Solvencia económica

Se refiere a la capacidad financiera de la empresa para hacer frente al contrato. Se acredita mediante documentos como cuentas anuales auditadas, balances, estados financieros o certificaciones bancarias que avalen la estabilidad económica.

C) Solvencia técnica

Abarca la experiencia acreditada, los recursos humanos y materiales, y certificaciones que demuestren que la empresa cuenta con la capacidad técnica necesaria. Por ejemplo, la empresa podría presentar referencias de contratos similares en el caso de haber participado ya en alguno. 

D) No estar incursa en prohibiciones jurídicas para contratar

Ya sabéis lo que dice el refrán “Quién paga, descansa” y por esa razón, la empresa debe no encontrarse en ninguna situación que legalmente impida contratar con la administración, como estar al corriente de pagos con Hacienda y Seguridad Social, no haber sido sancionada por infracciones graves, o no estar en concurso de acreedores.

Las principales formas de demostrarlo son:

1. Certificado de estar al corriente en obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,  expedido por la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social que acredita que la empresa no tiene deudas pendientes ni sanciones que bloqueen su capacidad de contratación.

2. Declaración responsable firmada. Documento en que la empresa declara bajo responsabilidad que no incurre en ninguna causa de prohibición conforme al artículo 71 de la Ley 9/2017 (como por ejemplo, ni estar en concurso de acreedores, ni haber tenido condenas penales o sanciones graves).

3. Consulta del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas (ROLECE). Este registro público refleja empresas con prohibiciones vigentes para contratar con la Administración. Ya te avisamos que los órganos de contratación consultan este registro para verificar la aptitud de los licitadores.

4. Informe negativo de sanciones administrativas o penales. Sí, al igual que los particulares podemos pedir nuestros antecedentes penales,  la empresa puede requerir un certificado o informe oficial que confirme la ausencia de condenas o sanciones relevantes que bloqueen la contratación.

¿Cuánto tiempo se tarda en conseguir una licitación pública?

Pues sentimos decirte que no hay un plazo exacto. La duración de una licitación pública dependerá siempre del tipo de procedimiento, importe y sector administrativo. Eso sí, los plazos estándar, según la Ley 9/2017 y las plataformas estatales, se dividen en cuatro bloques.

• Plazo de presentación de ofertas: de 15 a 35 días naturales desde la publicación.
• Evaluación y apertura de ofertas: hasta 20 días adicionales.
• Adjudicación: de 15 días (criterio precio) hasta 2 meses (criterios múltiples).
• Formalización del contrato: en los 5-15 días siguientes a la adjudicación definitiva.

Una licitación media en España dura entre 60 y 90 días desde la publicación hasta la formalización del contrato, aunque hay que tener en cuenta que determinados procedimientos armonizados o complejos pueden extenderse hasta seis meses. De ahí el uso de medios electrónicos y certificados digitales para reducir aún más los tiempos.

Errores comunes al presentar una licitación pública y cómo evitarlos

Participar en licitaciones públicas puede ser todo un reto, lo reconocemos. Entre el lenguaje que no es fácil de entender y la falta de experiencia, más del 70% de las empresas debutantes son descartadas por errores básicos en sus primeras licitaciones.

Los errores más habituales ocurren al no leer correctamente los pliegos, presentar ofertas incompletas o tener documentación desactualizada. Aunque no podemos olvidarnos de: 

• No cumplir con los requisitos técnicos o financieros.
• Dejar datos clave fuera de la propuesta o calcular mal los importes.
• No realizar un adecuado análisis de riesgos asociados al proyecto.
• Presentaciones fuera de plazo.
• Falta de diferenciación técnica.
• No realizar seguimiento posterior a la presentación y no corregir incidencias o añadir aclaraciones.

Cómo evitar estos errores

• Revisa exhaustivamente todos los documentos requeridos y verifica que no falte nada.
• Usa listas de verificación y consulta expertos en licitaciones públicas.
• Incluye pruebas de solvencia, experiencia y recursos adaptados al objeto contractual.
• Asegúrate de que toda tu documentación fiscal y legal esté actualizada y vigente.
• Planifica con antelación y mantén copias digitales seguras de todos los certificados.

Qué hacer después de presentar una oferta en una licitación pública

El proceso no termina tras enviar la oferta. Como a un recién nacido hay que estar con un ojo encima en todo momento. Es fundamental mantener una actitud proactiva y realizar seguimiento de la licitación.

Después de presentar una oferta, las autoridades pueden solicitar información adicional o aclaraciones. Por eso, responder rápido y con precisión demuestra profesionalismo y compromiso, además de asegurarte seguir en la carrera. Si la empresa resulta seleccionada, ten por seguro que puede recibir peticiones de documentación complementaria para la adjudicación y firma del contrato.

Por eso, te recomendamos que siempre realices las siguientes acciones. Y cuando decimos siempre es SIEMPRE. 

• Monitorea el estado de la licitación en el portal oficial.
• Prepara respuestas para solicitudes de aclaraciones o subsanaciones. Prevenir es mejor que curar. 
• Mantén la documentación actualizada y accesible para posibles requerimientos.
• Solicita retroalimentación si no eres adjudicatario, y toma nota para futuras mejoras.

¿Qué ocurre si no se cumple con un contrato de licitación pública?

Mal vamos si ya nos preguntamos esto, pero por si acaso, te diremos que incumplir el contrato de licitación pública puede acarrear graves consecuencias financieras, legales y reputacionales.

La administración establece penalizaciones económicas (hasta el 10% del valor del contrato por retraso o incumplimiento), ejecución de garantías, rescisión unilateral del contrato y, en casos graves, exclusión de futuras licitaciones. Además, el incumplimiento afecta la reputación empresarial y puede acarrear litigios o reclamaciones judiciales.

¿Quieres evitar estos riegos? Cumple al pie de la letra los plazos y condiciones. Y sobre todo, usa nuestros certificados.